Resumen
El pasado 1 de junio ha tenido lugar en la Sala Botella y Llusiá de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid la jornada de reflexión y debate “Construir el futuro de la universidad pública”, organizada por la asociación UpiC, de la Universidad Politécnica de Cataluña, con el apoyo de la UCM.
La jornada, que ha sido inaugurada y clausurada por Carlos Berzosa, Rector de la UCM, e íntegramente retransmitida por Internet, fue concebida como un lugar de encuentro y de puesta en común de reflexiones, análisis y propuestas por parte de las personas que creen en una universidad pública al servicio de toda la sociedad.
La jornada ha contado, en las ponencias y la moderación, con profesorado de diversas universidades: A. Corominas (UPC), F. Fernández Buey (UPF), C. Fernández Liria (UCM), A. García Laso (USal), D. Llanes (UCo), F. Marcellán (UC3M), F. Romero (UPV), C. Ruiz-Rivas (UAM), E. Tello (UB), C. Velasco (UZ), X. Vence (USC).
A la jornada se han inscrito 126 personas (113 PDI, 11 estudiantes, 10 PAS y 2 con otras vinculaciones a la universidad) de 29 instituciones distintas, de las cuales 24 son universidades. Además, la web de la jornada, en la que se encuentra toda la documentación presentada, ha recibido 13.345 visitas en el último mes (http://www.jornadauniversidadpublica.org/).
Así pues, la jornada ha contribuido a poner de manifiesto que en las universidades españolas existe un gran número de personas y de colectivos que, desde una pluralidad de puntos de vista, comparten la consideración de la universidad pública como una institución básica para el desarrollo científico, tecnológico, cultural y económico de la sociedad y también la necesidad de que, partiendo de la consideración del positivo cambio que se ha dado en la universidad pública española en las últimas décadas, en cuanto al incremento del número de estudiantes, la mejora de la docencia y el incremento substancial de la cantidad y la calidad de la investigación que en ella se desarrolla, la universidad sea crítica consigo misma para que de ella puedan surgir propuestas rigurosas y creíbles.
Los temas abordados han sido: la formación universitaria, la investigación universitaria, la organización y el gobierno de las universidades y la financiación del sistema universitario público.
En el ámbito de la formación universitaria, y partiendo de una crítica de la situación actual de la que se desprende la necesidad de cambios, se han presentado propuestas relativas al sistema de títulos y a las características de los mismos, a la definición en los planes de estudios de objetivos relativos a los contenidos y a las competencias, y a los métodos de enseñanza y aprendizaje; todo ello para abordar problemas como la elevada tasa de abandono y la excesiva duración de los estudios, y para facilitar la movilidad y la internacionalización. En particular, se han aportado elementos para un debate no reduccionista sobre las competencias transversales y su relación con los contenidos, evitando contraposiciones estériles. Asimismo, se han indicado los riesgos inherentes al registro de títulos, frente al catálogo cerrado, y las precauciones necesarias para evitarlos, así como las interferencias que la discusión sobre las atribuciones profesionales proyecta sobre el sistema de títulos.
La incorporación del sistema universitario español al Espacio Europeo de Educación Superior ha originado una viva controversia, en la que se han contrapuesto las opiniones que lo consideran como un proceso que lleva inexorablemente a la mercantilización de la universidad pública y las que lo valoran como una oportunidad para un cambio del todo necesario que será positivo siempre que las distintas administraciones y la comunidad universitaria acierten en darle a la universidad una clara orientación de institución al servicio de toda la sociedad y no al de los intereses privados mas inmediatos.
Se han referido a la investigación y a la transferencia de sus resultados diversas ponencias, en las que se ha abordado una variedad de aspectos de esta vertiente de la actividad académica. Desde el carácter específico de la investigación universitaria, por ser su objetivo primordial el incremento del conocimiento y por su vinculación con la formación, hasta las estructuras organizativas en que se desarrolla (grupos de investigación, departamentos, institutos y otras unidades), las relaciones entre las mismas y las políticas de apoyo y de estímulo. Se ha reivindicado la libertad de investigación en tanto que imprescindible para el progreso del conocimiento y un sistema cooperativo frente a un sistema competitivo. Se ha puesto de manifiesto la contradicción entre la pretensión de basar la economía en el conocimiento y proponer la privatización de los resultados de la investigación a través de las patentes y otras figuras jurídicas. El carácter público de la investigación universitaria, tanto en su financiación como en el régimen de difusión de sus resultados, ha sido clave en la contribución de la universidad al desarrollo científico, al menos en el último siglo.
La misma preocupación por la tensión entre los objetivos propios de la investigación universitaria y el carácter competitivo del sistema tecnológico se ha reflejado en la propuesta de asignar la función de transferencia a estructuras administrativas desligadas de la universidad. Asimismo, en cuanto a organización y estructura, se ha manifestado la necesidad de concentrar las estructuras académicas y de establecer niveles, dentro de una categoría única de personal docente e investigador, en función del grado de implicación en los diversos tipos de actividad académica.
Se ha expresado también la preocupación por el hecho de que la Ley Orgánica de Universidades (LOU) y la Ley Orgánica de Modificación de la LOU establezcan como función de la universidad la transferencia del conocimiento al servicio del desarrollo económico, sin reservas ni matices, a la vista del carácter insostenible de determinados modelos de desarrollo.
Acerca del papel de las agencias de evaluación, externas a la universidad, se han manifestado opiniones encontradas, desde las opuestas a la propia existencia de dichas agencias hasta aquellas que las consideran necesarias, aun considerando que deben mejorar su transparencia, especialmente en lo que concierne a la justificación de sus decisiones, y centrarse más en la evaluación de la calidad de los contenidos y menos en la cantidad y en los procedimientos.
En cuanto al gobierno de las universidades, se ha presentado un análisis crítico del sistema actual, y se ha indicado que las propuestas de que se rijan al modo de una gran empresa pretenden derivar, sin razonamiento alguno, de un diagnóstico falso y, además, hacen abstracción de las funciones asignadas a la institución. Habida cuenta de la distinción entre autonomía y autogobierno, se ha formulado una propuesta de asignación de competencias a los distintos agentes de la toma de decisiones, en función de la naturaleza de las mismas y de sus consecuencias. También se ha propuesto replantear las características de algunos de dichos agentes, tales como el Patronato o la gerencia.
Por lo que se refiere a la financiación de la universidad, se ha resaltado que las opciones relativas a la misma no se desprenden de postulados académicos, sino de posturas ideológicas o de política económica. Se ha presentado la contraposición entre el modelo europeo continental, basado en las externalidades positivas de la extensión de la formación superior, y el marco teórico dominante en los últimos años, que hace énfasis en la rentabilidad privada de la misma, lo que lleva a considerarla como una inversión y, por consiguiente, a proponer que sea financiada básicamente por las familias tal como ocurre en algunos países, pero no en la mayoría de los de la UE, lo que tendría consecuencias tales como el retroceso de la igualdad de oportunidades en el acceso a la universidad. Además se han aportado, numerosos elementos empíricos y teóricos para la necesaria crítica de este marco teórico.
Asimismo se ha puesto en cuestión el sistema de financiación que se está configurando, ya que conduce en el máster, en comparación con el grado, a una contribución mucho mayor por parte de las familias, por ser los precios de matrícula significativamente más altos y por la tendencia a sustituir las becas por un sistema de préstamos. Para romper el nexo entre el nivel académico de los estudios y la jerarquización económica en su acceso, se deben igualar los precios públicos del grado y del máster.
Finalmente, muchas intervenciones se han referido a la conveniencia de proseguir los debates y la elaboración de propuestas para la mejora de la universidad pública, como una tarea que concierne a toda la sociedad pero de la que deben sentirse especialmente responsables las administraciones públicas, los órganos de gobierno de las universidades y los colectivos que las forman.
