¿SON LAS AGENCIAS DE ACREDITACIÓN UN PELIGRO PARA EL FUTURO DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA? - Vera Sacristán, UPC
El papel de las agencias de evaluación y acreditación en el sistema universitario español se ha generalizado desde su regulación por la LOU en 2002, y ha ido tomando un papel cada vez mayor a partir de la normativa de desarrollo posterior.
Desde entonces, se ha generado una corriente de opinión contraria a la existencia misma de estas agencias que se manifiesta de forma cada vez más visible y en la que, a lo largo del presente curso académico, han acabado confluyendo grupos con motivaciones diversas: algunos movimientos de profesorado contrarios a la implantación de determinados sistemas de evaluación, movimientos estudiantiles anti-Bolonia e incluso no pocos rectores en defensa de un mayor grado de autonomía.
Las agencias tienen encomendadas un buen número de funciones. En este texto me limitaré a analizar dos de ellas que considero cruciales para el sistema universitario y para entender la discusión en que nos hallamos inmersos: la acreditación del profesorado (funcionario o contratado) previa a su selección por parte de las universidades, y la verificación de los títulos oficiales previa a su implantación.
Ventajas potenciales de un sistema de acreditación de profesorado y de verificación de títulos por agencias
Una acreditación que garantice la calidad exigible al profesorado universitario, de forma previa a su selección por parte de las universidades, presenta ventajas potenciales frente a los sistemas de selección de profesorado usados en España a lo largo de los últimos veinticinco años (concursos LRU primero, habilitación + concurso LOU después, durante un breve período), al menos en algunos aspectos: los criterios de evaluación podrían ser, por fin, conocidos a priori, estables en el tiempo y de aplicación universal –para cada ámbito o área de conocimiento– a todo el sistema universitario.
Estos elementos podrían configurar, por lo tanto, la garantía, para las personas candidatas, de una selección hecha con criterios de igualdad de oportunidades y, para la ciudadanía, de la calidad del profesorado de las universidades, incluidas las privadas, que hoy también están sometidas a la acreditación y la verificación por parte de las agencias. Atrás quedarían los tiempos en que se podía obtener una plaza de por vida sin más méritos que el de tener las relaciones adecuadas.
En cuanto a la verificación de los títulos oficiales, mucho se podría discutir sobre el acierto de la decisión del gobierno de España de suprimir el catálogo de títulos oficiales de grado. Tomada esta decisión, está fuera de discusión que es responsabilidad del estado verificar los títulos oficiales de grado que las universidades proponen, puesto que es la única herramienta de que dispone para garantizar a la ciudadanía cierto nivel de calidad de los estudios universitarios. Recuérdese, a este efecto, la retahíla de títulos de dudoso nivel universitario que fueron propuestos por algunas universidades en la primera convocatoria de verificación de títulos de grado: grados en “sistemas web”, “gestión cultural”, “diseño de moda”, “diseño de interiores”, “ciencias de la danza” y similares (véase el artículo Com serà el mapa espanyol de títols? publicado por UpiC el 24 de abril de 2008 en http://www.upc.edu/upic/?p=111).
Además, el que la evaluación de las titulaciones la hagan las agencias en vez de una oficina del gobierno –central o autonómico– podría, en principio, ofrecer mayor garantía de solvencia técnica, esto es académica, frente a ingerencias de carácter político.
Inconvenientes reales de un sistema de acreditación de profesorado y de verificación de títulos por agencias
Diversos son los errores en los que se puede incurrir a la hora de poner en marcha un sistema como el que estamos analizando.
En primer lugar, las agencias pueden crearse y organizarse de tal modo que tengan un carácter muy poco académico y una autonomía técnica muy reducida, de modo que se conviertan en un simple brazo ejecutor, más o menos disimulado, de la política del ministerio o la consejería correspondiente. En tal caso, se convierten en una herramienta a través de la cual la administración pública hace política universitaria de forma encubierta y amparándose en una supuesta objetividad técnica.
En el otro extremo, cuando la administración hace dejadez de sus responsabilidades, las agencias pueden llegar a sustituir algunas de sus funciones, a erigirse en interpretadoras de las leyes y a generar e imponer al sistema universitario criterios políticos, en ejercicio de una función que no les corresponde y para la que no tienen atribuciones.
Tampoco es infrecuente que las agencias se configuren por agregación de supuestos expertos y tecnócratas que, distanciados de la experiencia académica, acaban siendo abanderados de unas u otras teorías y, por añadidura, burocratizan los procesos de evaluación. Esto tiene como consecuencias, por un lado, la imposición de criterios y metodologías únicas y de validez supuestamente universal y, por el otro, que la evaluación se centre en los procedimientos mucho más que en los contenidos o, en el caso de la evaluación del profesorado, más en la cantidad que en la calidad del trabajo realizado.
A modo de conclusión
En la breve experiencia española hemos podido asistir a episodios que ilustran todos los errores mencionados en el apartado anterior, aunque en algunos casos hay que decir, en honor a la verdad, que algunas de las acusaciones que se hacen a la ANECA deberían, en justicia, dirigirse al Consejo de Universidades y al Ministerio.
Por añadidura, la descoordinación, cuando no el enfrentamiento, entre las diversas agencias, junto con la variabilidad de los criterios aplicados en las diversas evaluaciones, acaban de completar un panorama desalentador.
De seguir así, serán las personas responsables del sistema universitario español (Ministerio, Consejerías, Consejo de Universidades y responsables de las agencias), quienes acabarán haciendo fracasar el modelo de evaluación por agencias que supuestamente defienden.
Un sistema de acreditación de profesorado y de verificación de titulaciones por agencias de evaluación públicas, aunque independientes del poder, conformadas con criterios académicos, que evalúen con criterios transparentes, estables en el tiempo y coordinados entre sí podría constituir un sistema de garantía de calidad del sistema universitario –público y privado– y de la igualdad de oportunidades en el acceso a la función docente e investigadora. La comunidad universitaria no debería renunciar a exigir que así sea.
Barcelona, 10 de mayo de 2009
